El futuro de la educación contable en Colombia

Nuestra profesión es la de mayor crecimiento en los últimos 15 años en Colombia, pero las universidades no se han preocupado por elevar el nivel académico y los contenidos programáticos no tienen los niveles ni los avances de la ciencia y la tecnología que se requieren para atender la gran demanda de un mercado globalizado.

Actualmente los contadores inscritos son 134.788 de los cuales 5.713 son autorizados y 129.075 titulados; desde 1992 a 2007 se han inscrito 94.989, que representan el 70% de profesionales de la contaduría en Colombia.

Sin embargo las universidades no han definido los perfiles de los estudiantes que admiten; la educación se ve más como un negocio y no como un servicio social de formación con base en la realidad del país y del mundo. Hay más capacitación que formación profesional.

Se hace necesario revisar los contenidos programáticos y revisar las estructuras curriculares de los programas de contaduría pública. La academia debe pronunciarse y presentar propuestas sobre el tema.

El C.P. Luis Alfonso Colmenares Rodriguez – Presidente de la Junta Central de Contadores propone como una acción preventiva convocar a las facultades y programas de contaduría pública para discutir respecto de la actualización de los contenidos programáticos de la carrera, para que efectivamente se consideren las circunstancias que estamos viviendo, como son los tratados de libre comercio, la contabilidad pública, las nuevas formas de medición y representación contable. Igualmente manifiesta necesario debatir sobre el perfil del contador público que requiere el país, de tal forma que éste desempeñe un papel más relevante de la satisfacción de los problemas y necesidades de la actual y futura sociedad, y tenga de igual manera la capacidad de competir en otros mercados. (1)

Hace falta una unidad gremial de la profesión basada en objetivos, existen mas de 100 organizaciones por lo tanto no hay unificación de criterios sobre el futuro de la educación y de la profesión contable, la actividad gremial se ha convertido en una fuente de contradicciones evitando la acción unificada por un reconocimiento social de la profesión.

Por lo tanto se requiere una colegiatura obligatoria para que se puedan generar controles éticos y sociales que garanticen la calidad técnica y la responsabilidad social a los servicios de interés público que se prestan.

(1) Revista Contaduría Pública y Sociedad, página 51